Informaciones del Movimiento al Socialismo (M.A.S.)

Cuando, el martes por la tarde, las guarniciones policiales se acuartelaron, protestando contra el llamado "impuestazo" y se negaron a patrullar las calles, nadie podà­a prever que, en las siguientes 48 horas, cinco de las ciudades más importantes del paà­s serà­an escenario de una violencia popular, expresando la rabia contenida en tantos años de restricciones e impotencia, que se descargà³ contra varios edificios públicos y que los malhechores aprovecharon para saquear algunos comercios.

Casi 30 muertos por armas de guerra, dos centenares de heridos y destrozos irreparables como la quema del archivo histà³rico del Congreso Nacional, fue el saldo de esas trágicas jornadas. El viernes se asentà³ una tensa calma que podrà­a romperse en cualquier momento.

El impuesto a la miseria
La protesta, que hasta los empresarios expresaron, fue la reaccià³n generalizada ante el anuncio de que el Presupuesto General de la Nacià³n (PGN) incluà­a un impuesto del 12,5% que, de hecho, suponà­a una reduccià³n salarial. La protesta estaba en proceso de organizacià³n, cuando la policà­a se declarà³ acuartelada rechazando esta medida.

Los hechos se sucedieron vertiginosamente el mià©rcoles, en la Plaza Murillo. Una asonada estudiantil que rompià³ las ventanas del Palacio de Gobierno fue repelida por el batallà³n militar que resguarda la sede de gobierno. Cuando los muchachos huà­an, comenzaron los disparos que provocaron varios muertos entre los policà­as. Estos, se encontraban en una esquina de la plaza, resguardando el cuartel del Grupo Especial de Seguridad (GES).

Fue el comienzo de la tragedia. Los policà­as, con armamento disuasivo, no pudieron responder los disparos de la guardia militar. Una decena de aquellos cayà³ en rápida sucesià³n, antes que pudieran hacerse con armas de fuego para responder el ataque militar.

Algunos analistas interesados trataron de explicar que, este sangriento suceso, era producto de una antigua enemistad entre los cuerpos armados. Pero, a nadie se le escapa que, para haber actuado asà­, la guardia militar recibià³ à³rdenes precisas.

Violencia y saqueo

A partir de esos hechos, la ciudad de La Paz fue presa de una violencia incontrolada. Varios edificios públicos fueron asaltados por grupos enardecidos y algunos comercios fueron pasto de los saqueadores, que aprovecharon las circunstancias.

Al mismo tiempo, fuerzas militares comenzaron a disparar indiscriminadamente, matando transeúntes e incluso personal de la Cruz Roja que acudà­a a socorrer a los heridos. Testimonios periodà­sticos dieron cuenta de la accià³n de francotiradores que, desde las azoteas de algunos edificios disparaban contra grupos de personas que se reunà­an en diversos lugares. En Cochabamba, tambià©n ocurrieron hechos de violencia, aunque no alcanzaron la magnitud de lo sucedido en la sede de gobierno.

El jueves, las ciudades de Santa Cruz, Oruro, Potosà­ y El Alto, fueron sacudidas por hechos similares, con saldos trágicos que sumaron más muertes, como en una estadà­stica del horror.

Fuera el "impuestazo"

La tragedia de aquel mià©rcoles no podà­a ser subsanada de ningún modo. Sin embargo, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, anuncià³ por la noche que suspendà­a la propuesta de aplicar el impuesto, aunque no explicà³ quà© medidas sustitutivas aplicarà­a.

El anuncio fue insuficiente para calmar los ánimos exaltados y, al dà­a siguiente, se reprodujo la violencia callejera.

La Policà­a, que se habà­a mantenido acuartelada durante todo el mià©rcoles, se sentà³ en mesa de negociacià³n con el gobierno, desde las últimas horas de aquella noche hasta el alba siguiente, alcanzando un acuerdo inicial que no fue aceptado por las principales guarniciones del paà­s. Hubo que transcurrir todo el dà­a para que se acordara un "adendum" con el que, finalmente, el gobierno logrà³ que la policà­a saliera a patrullar las calles.

Francotiradores a destajo

Tanto en La Paz como en Cochabamba, la presencia de francotiradores en azoteas de edificios y hasta los techos de antiguos edificios, fue denunciada por la poblacià³n, con datos que no dejan lugar a dudas sobre su procedencia. Registros de televisià³n y fotográficos mostraron un helicà³ptero distribuyendo a los expertos tiradores. Uno de ellos fue identificado y cercado por varios transeúntes que comenzaron a golpearlo, hasta que intervino la policà­a, la que verificà³ que se trataba de un oficial de aviacià³n; sin embargo de todas las pruebas, el juez cautelar que abrià³ la causa, lo dejà³ en libertad.

Los francotiradores abatieron a más de una decena de personas.

Los disparos a mansalva, se iniciaron en la mañana del jueves, contra una marcha de protesta de las organizaciones sindicales. Evo Morales, y otros diputados del MAS, encabezaron la columna que, inicialmente, intentà³ avanzar por una calle cà©ntrica a dos cuadras de la Plaza Murillo, donde se hallan los Palacios Legislativo y de Gobierno. Apenas doblaron una esquina para ingresar a esa calle, fueron recibidos con una andanada de disparos, provenientes de un pelotà³n que se hallaba a pocos metros de distancia. Allà­ cayà³ la primera và­ctima de este dà­a. Aún asà­, la marcha avanzà³ pacà­ficamente por otras calles, culminando en la gran plaza de San Francisco, donde se habà­a iniciado.

Los francotiradores esperaron que se dispersaran los manifestantes, para disparar sobre los grupos rezagados.

Al concluir la tarde del jueves, el recuento de và­ctimas fue aterrador: 29 muertos (14 civiles, 11 policà­as y 4 militares), 189 heridos y una cantidad indeterminada de contusos.

Que se vayan Goni y Mesa

La ola de repudio que agità³ el paà­s fue concretándose en la demanda de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del vicepresidente Carlos Mesa. El Movimiento al Socialismo (MAS), segunda fuerza polà­tica del paà­s, habà­a hecho esa exigencia durante las recientes movilizaciones de enero y, ante esta situacià³n, la convirtià³ en su principal reclamacià³n. Las organizaciones sociales y sindicales, se alinearon en el mismo sentido. Incluso Nueva Fuerza Republicana (NFR), tercera fuerza polà­tica que tambià©n es opositora al gobierno, se sumà³ a este reclamo.

La noche del jueves, ambos mandatarios emitieron mensajes con los que buscaron explicar la violencia acusando a la oposicià³n y hablando de "pandillerismo polà­tico". El presidente se mostrà³ abatido y sin propuestas, limitándose a pedir calma.

Sà³lo el viernes, el gobierno comenzà³ a recomponerse. El canciller Saavedra Bruno reclamà³, ante la OEA, apoyo al gobierno, reconociendo su fragilidad y pidiendo ayuda econà³mica para superar la crisis.

Mientras tanto, en La Paz, se montaba una campaña acusando a la oposicià³n, sin hacer precisiones, de haber situado a los francotiradores e, incluso, que à©stos atentaron contra la vida del propio presidente de la república.

Fin de semana sin calma

La calma ha renacido, según se empeña en sostener el gobierno. Pero las tensiones no han disminuido, como puede advertirse en un cauteloso reinicio de actividades. El lunes prà³ximo, se puede esperar que vuelva a agitarse la poblacià³n. Ante esta posibilidad, el gobierno se apresurà³ a hacer una inusitada oferta a los productores de coca del Chapare (el sector más aguerrido en las movilizaciones sociales), que podrà­a ser la base de un entendimiento, aunque los productores de coca dudan de la sinceridad de esta oferta.

El Congreso Nacional, que podrà­a ser el escenario de acuerdos que superen la crisis, no parece estar en capacidad de hacerlo. El MAS y los otros partidos de oposicià³n se alistan a presentar pliegos interpelatorios buscando la censura de los ministros, lo que hasta serà­a apoyado por algún sector de los partidos oficialistas. Presentarán tambià©n una demanda de juicio de responsabilidades contra el presidente y su gabinete, además de un pedido de investigacià³n a la Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos.

A menos de siete meses de iniciado su mandato, el gobierno ha perdido totalmente credibilidad, hecho que reconocen incluso los sectores oficialistas. Su futuro, para decir lo menos, es bastante incierto.