por Alberto Hà­jar, Mà©xico

En sustitucià³n de la lluvia de ideas caracterà­stica de las sociedades civiles y sus confusiones democráticas, las mesas de trabajo del Foro de Porto Alegre 2003 han recomendado a todos los ponentes terminar sus reflexiones con propuestas y estrategias. Ojalá tambià©n las conferencias magistrales hagan lo mismo.
El expresidente de Mà©xico Ernesto Zedillo, quien cedià³ el poder en el 2000 al Partido Accià³n Nacional para terminar con 71 años de dictadura del Partido Revolucionario Institucional, tuvo a su cargo una conferencia magistral en el Foro Empresarial de Davà³s 2003. La hizo en su calidad de director del seminario permanente sobre globalizacià³n de la Universidad de Harvard, a donde llegà³ luego de ser integrado a los consejos de algunos consorcios a los que beneficià³ en las privatizaciones de su gobierno. En alto contraste, la comparecencia del presidente Vicente Fox, no estuvo anunciada en el programa y durà³ menos de 15 minutos. Nada de esto importarà­a más que como señal de prestigios y prioridades neoliberales, si Zedillo no hubiera centrado su exposicià³n en planteamientos de una à©tica neoliberal que en sà­ misma es una propuesta y una estrategia. Cuatro son los argumentos de Zedillo:

1. La unidad entre globalizacià³n y democracia exige asumir las debilidades de esta más allá de la búsqueda de aprobaciones públicas inmediatas.
2. La estrategia es de largo plazo y requiere de los gobernantes el desistimiento de los reconocimientos inmediatos. Hay que asumir incluso, las reprobaciones.
3. Nada de populismos. Esta tentacià³n ha de evitarse lo cual exige gobiernos claros de una estrategia sin concesiones al pasado benefactor.
4. La reforma del estado es la guà­a legal para garantizar la globalizacià³n.

Pudo decir Zedillo que su gobierno siguià³ esta à©tica hasta el punto de optar por el exilio familiar y el servicio a la ONU como comisionado contra la pobreza y a Harvard y a los consorcios a los que asesora a cambio del desprecio de los medios y de las organizaciones populares. No importa, dirà­a el expresidente considerado traidor por los prià­stas, la estrategia de largo plazo probará la verdad de lo que ahora no existe: la unidad entre globalizacià³n, ideologà­a neoliberal y democracia sustituida por corrupcià³n de alto nivel, crimen organizado desde los niveles más altos incluidos los del ejà©rcito y las policà­as, empobrecimiento y desempleo en asenso, destruccià³n del ambiente por los proyectos globalizadores regionales, sumisià³n a la economà­a polà­tica yanqui, apoyo gubernamental a las privatizaciones de salud, educacià³n, vivienda, abasto y seguridad hasta reducir los derechos civiles a servicios al alcance de quien pueda pagarlos. Para realizar todo esto, los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad han sido arrasados por los tratados y convenios trasnacionales y por la sustitucià³n de los contratos colectivos de trabajo y los derechos de los sindicatos y las organizaciones gremiales, al arbitrio de los que el Secretario del Trabajo Carlos Abascal, de muy confesional familia cristera opuesta en todo al estado laico, llama empleadores para sustituir el nombre de patrones cargado de sentido clasista.
Una cultura neoliberal crece y se fortalece en un proceso de urbanizacià³n y desclasamiento garante de la reproduccià³n social del neoliberalismo. El pueblo es looser, luser, dice la nueva nomenclatura racista de los jà³venes urbanos de clase media victimados por la industria del espectáculo.
PROPUESTAS.
1. Contra el largo plazo globalizador, el largo plazo de la lucha clasista. Guerra popular prolongada llamaron a esto las organizaciones armadas de los setenta al aprender la leccià³n de los pueblos de China y Vietnam. Funda esta necesidad, la certeza de la oposicià³n esencial entre globalizacià³n y democracia, imposible de ser solucionada en la reduccià³n a procesos electorales acordados entre cúpulas de partidos distintos de la misma clase explotadora incapaz de campañas limpias y transparentes. Se vive en Mà©xico en el primer mes de 2003, año de elecciones de diputados, senadores y algunos presidentes municipales y gobernadores de los estados, una serie de asesinatos de funcionarios y candidatos acompañada por escandalosos fraudes y participaciones criminales de funcionarios de todo tipo. La policà­a especializada en el combate al narcotráfico tuvo que ser desmantelada ante la evidencia de su control del tráfico de drogas. Esto no es casual ni son incidentes aislados, porque la cultura de la posibilidad mercadotà©cnica de los partidos polà­ticos con registro oficial y los altos salarios y cuantiosos negocios de los gobernantes, son evidencia pública determinante de la abstencià³n al voto mayor del 50%. Los negocios de las cúpulas de poder, la complicidad del gobierno en negocios propios de la globalizacià³n como la compraventa de bancos y empresas, la formacià³n de consorcios controladores de obras y servicios públicos y medios de incomunicacià³n de la terca realidad de empobrecimiento popular y de los crà­menes de estado, son necesidad econà³mico polà­tica inocultable. Desentenderse de todo esto con el manto à©tico de no hacer concesiones populistas, exige la construccià³n constante y de largo plazo del poder popular desde la base social y con orientacià³n no sà³lo anticapitalista, sino socialista. Los consejos populares de vigilancia y administracià³n surgidos de manera aparentemente espontánea en los desastres econà³micos y ambientales, requieren de apoyo y articulacià³n regional con perspectiva nacional. Para esto, el embrià³n de partido proletario con su disciplina, su mando centralizado, su escuela de cuadros para precisar tácticas y estrategia, su prensa organizadora, relevo de direccià³n en cultivo, es necesidad polà­tica de urgente cumplimiento a pesar de la resistencia civilista anarcoide.
2. Crecimiento econà³mico cero en 2002, reforma fiscal obligatoria para los pobres trabajadores, privatizaciones de todo y corrupta dictadura del capital financiero asociado al crimen organizado que cuenta con la liquidez disponible que no tiene el estado, son los à­ndices que exigen sustituir toda esta porquerà­a con el asenso al poder de los trabajadores. La consigna argentina ¡que se vallan todos!, sintetiza el hartazgo popular contra los partidos con registro oficial descubiertos como servidores de la misma clase social.
Influir en los sindicatos, exigir el cumplimiento pleno de los contratos colectivos de trabajo, oponerse al cierre de plantas y a la individualizacià³n de los contratos, es tarea constante con todos los recursos tácticos posibles. La huelga como recurso extremo en proceso de desconocimiento real y legal, sigue siendo un recurso fundamental de lucha de los trabajadores. El internacionalismo es necesario. El sindicato de Euzkadi, subsidiaria de la General Tire, logrà³ legalizar su huelga y resistir al cierre de la fábrica sin apoyo creciente. Desorganizados o sujetos a organizaciones corruptas, los trabajadores eventuales de las maquiladoras sufren impotentes el à©xodo empresarial a oriente y Centroamà©rica y plantas como la de Motorola en Puebla son desmanteladas sin proteccià³n alguna para los reducidos al desempleo. Vincular, articular y fusionar es orientacià³n leninista sà³lo realizable por el embrià³n de partido polà­tico proletario que por su debilidad tiene que coordinarse de manera permanente y de largo plazo con organizaciones fraternas más allá del frente coyuntural.
3. Cajas populares de ahorro, cooperativas, sistemas de salud, educacià³n, vivienda y abasto autogestivos, tienen que acompañar a la exigencia al estado de no usar los fondos de los trabajadores para proyectos de privatizacià³n y globalizacià³n, tal como ocurre con el novà­simo Sistema de Ahorro de Fondos para el Retiro y con el FOBAPROA para el rescate de los pobrecitos banqueros. Centrales tan corruptas como la prià­sta Federacià³n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, han logrado recuperar sus fondos de vivienda. Con ese antecedente, con el ejemplo del Frente Popular Francisco Villa (Independiente) que ha terminado su primera unidad habitacional legal y tiene en proceso a otras dos en terrenos expropiados y poblados, se da la pauta de la autogestià³n y la práctica del presupuesto participativo a partir de acciones populares concretas, recomendado por el Foro de Porto Alegre no para reducir al pueblo a las normas del estado como hace el PRD, especialmente en la delegacià³n Tlalpan, sino al revà©s: para reformar al estado en beneficio del pueblo. Como consecuencia, la presencia partidaria en estos proyectos garantizarà­a el repudio de los proyectos turà­sticos, industriales y transgà©nicos opuestos a la conservacià³n del ambiente.
4. No perdamos lo menos por lo más, dice el presidente Fox ante las movilizaciones campesinas de toma de aduanas y carreteras por la apertura de fronteras a los productos de Estados Unidos. Insiste en Davà³s en la desregulacià³n como requisito de auge comercial globalizador. Ignora tramposamente, la proteccià³n del gobierno norteamericano a su produccià³n campesina y las normas estrictas que afectan a los productores mexicanos de atún y de aguacate, por ejemplo, mientras el gobierno de Mà©xico autoriza la entrada del pollo californiano contaminado. Lo de menos para Fox son los campesinos y lo de más es la utopà­a globalizadora. Queda en el olvido la aparicià³n del EZLN el mismo 1…º de enero de 1994 en que empezaba a funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y Mà©xico. Este primer paso que culminará en el Acuerdo de Libre Comercio para Amà©rica en 2005, ha resultado un desastre para la economà­a polà­tica de Mà©xico, a no ser que sà³lo se considere el cuarto lugar mundial que Mà©xico ocupa en cantidad de magnates empresariales. El hombre más rico de Latinoamà©rica, Carlos Slim, acrecentà³ su capital de 8 mil 500 millones de dà³lares cuando llegà³ Fox a la presidencia en 2000 a 12 mil millones de dà³lares en 2002. Las listas de la revista Forbes no consideran a narcotraficantes asociados con banqueros y financieros corruptos.
De tiempo atrás, la produccià³n agropecuaria en Mà©xico ha sido desmantelada al igual que la planta industrial, en beneficio de los consorcios trasnacionales como Dupont y General Food. Para que un banco ahora asociado con empresas sobre todo europeas conceda crà©dito a algún productor agrà­cola o ganadero, se exige la compra de semillas, fertilizantes, fungicidas, alimentos y maquinaria de consorcios sobre todo norteamericanos. Esta desnacionalizacià³n es propia del proceso que afecta a lo que fueran hasta los ochenta industrias estratà©gicas como las de produccià³n de energà­a. Sin necesidad de reformas legales, PEMEX y la Comisià³n Federal de Electricidad están sujetos por la tecnologà­a norteamericana. Esto es lo más que advierte Fox por lo menos que son los campesinos.
El sacrificio de los campesinos incluye la destruccià³n de estructuras culturales ancestrales. El modo de produccià³n capitalista fue apropiado en Mà©xico a partir de del despotismo de los dirigentes comunitarios y luego regionales en la organizacià³n territorial del estado nacià³n capitalista, para convertirlos en caciques protegidos y tolerados por el estado. A esta tradicià³n de poder despà³tico ha replicado el pueblo organizado con las dos revoluciones: la de 1810 por la independencia polà­tica de España y la de 1910 contra la dictadura y por la democracia. Ambas fueron revoluciones fundamentalmente campesinas. Una cultura de resistencia popular y de apropiacià³n del catolicismo con variantes locales, gremiales y comunitarias, forma una tradicià³n que han sabido desarrollar los dirigentes revolucionarios y que se concreta en formas peculiares del artesanado, la manufactura y las condiciones de produccià³n con sus correspondientes estructuras de significacià³n y simbolizacià³n. El campo no es sà³lo los productos, la maquinaria y la fuerza de trabajo, sino es toda la cultura que diferencia los paà­ses no desarrollados industrialmente con tradicià³n colonial. Ahora, con la pobreza que afecta al 60% de los 105 millones de mexicanos y que mantiene en extrema pobreza a no menos de 30 millones, la resistencia cultural es tambià©n abatida en sus importantes orà­genes campesinos para su sustitucià³n creciente por las estructuras caracterà­sticas del comercio, la alimentacià³n y las relaciones sociales imperialistas. La lucha en defensa de lo que es lo de menos para Fox, exige no sà³lo reivindicaciones productivas directas, sino tambià©n la promocià³n y defensa cultural en beneficio de un proyecto de nacià³n en proceso constante de deterioro y extincià³n globalizadoras.
5. Zedillo alude a lo que Fox prometià³ antes de tomar posesià³n como presidente: reformar el estado y la constitucià³n polà­tica. La oposicià³n que ha encontrado en el poder legislativo compartido por el PAN con el PRI, el PRD y los pequeños partidos singularmente oportunistas, ha sustituido la reforma del estado encomendada a Porfirio Muñoz Ledo, expresidente del PRI y del PRD y actual embajador ante la Unià³n Econà³mica Europea, por una ejecucià³n de privatizaciones apoyadas en los más de 200 cambios constitucionales durante el corrupto gobierno de Salinas de Gortari.
La patria no se vende es el grito en las movilizaciones populares que recibià³ Fox en un acto público para responder repitiendo la consigna. Ni la seguridad social, ni PEMEX o la Comisià³n Federal de Electricidad serán privatizadas, en tanto paso a paso se han desmantelado los derechos populares y de los trabajadores en especial hasta reducirlos a servicios que se compran y se venden. Del llamado peyorativamente estado benefactor no queda nada, como prueban los efectos de ciclones y terremotos atenuados con ayuda privada encabezada por la filantrà³pica organizacià³n de la esposa del presidente Martha Sahagún, vamos Mà©xico financiada por fundaciones norteamericanas y con apoyos bien propagandizados de las grandes empresas de la industria del espectáculo en beneficio de la sustitucià³n de la polà­tica por la mercadotecnia. El escándalo de enero de 2003 ha sido la muerte de 32 recià©n nacidos en un hospital de Comitán Chiapas evidentemente comprometido a atender lo que es imposible en otros centros de salud de la regià³n, pero que tampoco pudo ser resuelto por la falta de personal, equipos, instrumentos y medicinas.
La reforma del estado está en marcha y la sustitucià³n del proyanqui canciller Jorge Castañeda por un exfuncionario del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, prueba la reforma de hecho caracterà­stica de los regà­menes globalizadores que hicieron de la Secretarà­a de Programacià³n y Presupuesto la guà­a principal de gobierno hasta hacer de sus responsables presidentes de la república como de la Madrid y Salinas. El llamado gabinete econà³mico, servidor incondicional de la globalizacià³n, torpe en sus justificaciones neoliberales y antipopular, cumple en todo la propuesta à©tica de Zedillo reproducida por cursos, seminarios y conferencias especiales en las universidades privadas y públicas donde se reproducen los cuadros medios para la administracià³n estatal.
El embrià³n de partido proletario coordinado con organizaciones fraternas y proyectos semejantes, tendrá que evitar la defensa incondicional de la Constitucià³n burguesa de 1917 con la bandera de limpiarla de reformas neoliberales para restituir su sentido original. En todo caso, contra la exaltacià³n de los derechos del individuo caracterà­sticos de la tradicià³n liberal, es necesario preservar los intereses comunitarios y de las organizaciones populares con todo lo que esto implica de poder popular econà³mico y polà­tico. La reduccià³n de la ley de derechos y cultura indà­gena a un puro reconocimiento formal de usos, costumbres y lengua, prueba los là­mites del estado y la necesidad de alcanzar la gestià³n econà³mica sobre la base de poderes polà­ticos que tienen que ser convalidados por el estado a la manera como ya ocurre especialmente en la Constitucià³n polà­tica del Estado de Oaxaca. Exigir que esta orientacià³n se aplique tambià©n a las organizaciones populares urbanas hasta que tengan voz y voto equiparable al de los partidos polà­ticos con reconocimiento oficial, tiene que pasar por las movilizaciones de todo tipo que prueben la importancia del poder popular y que logren salvar las persecuciones represivas.
La orientacià³n socialista exige la liberacià³n de las fuerzas productivas hoy en proceso de privatizacià³n y concentracià³n oligárquica e imperialista, para permitir el desarrollo pleno en vista de las evidencias del crecimiento cero y de datos como el siguiente: el PIB crecià³ hasta el 30 de septiembre de 2002 1.85% para decrecer despuà©s en 4.13%, con un comportamiento igual al de los últimos 18 años. La actual depreciacià³n de la moneda, acrecienta la carestà­a y la disminucià³n real de los salarios. Enfrentar esto con medidas de emergencia que incluyan la aplicacià³n del sobreprecio del petrà³leo en beneficio de proyectos populares, es lo que Zedillo llama populismo. El embrià³n de partido proletario tiene que chocar contra el muro de la incomprensià³n estatal, pero tiene que promover con todos los recursos posibles, el derecho a la vigilancia popular a la economà­a del estado globalizador acompañada por propuestas que necesariamente tienen que estar orientadas por el tránsito al socialismo. No hay de otra.
6. La economà­a polà­tica de guerra al servicio de la llamada seguridad nacional norteamericana, hace de Mà©xico un territorio estratà©gico con un gobierno obediente hasta el là­mite de negociar su soberanà­a. En estos tà©rminos, el gobierno de Mà©xico renuncià³ en 2002 al Tratado Interamericano de Asistencia Recà­proca fundado en la segunda posguerra mundial. A la par, pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU y ha designado a dos especialistas como inspectores en Irak. La posicià³n del gobierno de Mà©xico es de supuesta legalidad porque no exige detener el militarismo yanqui ni obligarlo a que de cuentas de las armas de todo tipo que pretende experimentar contra el pueblo iraquà­. El dominio econà³mico yanqui exige subordinacià³n polà­tica y somete la posicià³n frente a Irak y Palestina a negociaciones legaloides a cambio de contribuir a la seguridad continental bajo dominio yanqui, a partir del proyecto del Comando Norte, acorde con tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y con los proyectos regionales: el Plan Puebla Panamá y su articulacià³n con el Plan Colombia, el Tratado Andino, el Comando Sur y el posible Tratado del Atlántico Sur. Con el pretexto de combate al narcotráfico y al terrorismo el gobierno de Mà©xico somete a estado de sitio a las regiones con emergencias guerrilleras como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, aunque tiene que enfrentar la corrupcià³n militar y policà­aca involucrada en el narcotráfico, los secuestros y el contrabando. Contribuye a organizar militarmente el territorio en disputa, los proyectos turà­sticos como la Escalera turà­stica que pretende cubrir toda la penà­nsula de Baja California ante la alarma de las organizaciones ecologistas que prevà©n la destruccià³n de uno de los santuarios marinos más importantes del mundo. Sà³lo la accià³n comunitaria de los pobladores de estas regiones, podrán detener estos proyectos y para ello la accià³n econà³mico-polà­tica constante es un requisito más allá del pacifismo meramente simbà³lico.
El estado con los medios integrados a à©l como un todo de dependencia mercadotecnica trasnacional, criminaliza a las organizaciones populares radicales y reduce sus problemas a situaciones policiacas. Una cultura de construccià³n de la historia nacional con la importante participacià³n en ella de las organizaciones populares radicales es una necesidad constante no sà³lo de oposicià³n al pensamiento único, sino de contribucià³n a la historia anticolonial y por la liberacià³n definitiva.