La Fiscalà­a General de la Nación obligó a Luz Perly Córdoba a renunciar a su defensa técnica

04/06/2004

Comunicado a la opinià³n pública nacional e internacional

La falta de garantà­as procesales, la parcialidad polà­tica y el irrespeto a sus derechos fundamentales por parte de la Fiscalà­a son las causas de esta ruptura en la etapa de la instruccià³n.

Bogotá, mayo 6 de 2004
Mazmorras del rà©gimen

"Ni las odiosas rejas de la frà­a cárcel, ni la infinita maldad de nuestros enemigos doblegarán la esperanza de todo un pueblo.
Esta amarga prueba nos endurece en nuestras convicciones, pero tambià©n nos llena de la más hermosa ternura, afianzando asà­ los lazos de solidaridad, amor y entrega por la causa de nuestras comunidades"

Como ha sido de público conocimiento, en mi calidad de presidente de la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA), secretaria general de la Federacià³n Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro-CUT), y responsable del departamento de Derechos Humanos de la federacià³n, fui injustamente detenida en la ciudad de Bogotá el 18 de febrero de 2004 por miembros del DAS, quienes son los directos responsables de este montaje-proceso y de la persecucià³n polà­tica contra los dirigentes de la ACA. En desarrollo de esta aberrante persecucià³n fueron allanados mi sitio de vivienda, la oficina de la asociacià³n en Arauquita (Arauca) asà­ como la casa de mis familiares cercanos en Bogotá. De igual manera se detuvo arbitrariamente al compañero Juan de Jesús Gutià©rrez Ardila, tesorero de ACA, y a su vez se dictaron por parte de la Fiscalà­a General de la Nacià³n, à³rdenes de captura contra los restantes miembros de la junta directiva de la asociacion.

Todo lo anterior dentro del plan de montajes judiciales, desatado por los organismos de seguridad del estado colombiano, en el marco de la "polà­tica de seguridad democrática", principal estandarte de gobierno de Ílvaro Uribe Và©lez, y que cuenta para su ejecucià³n con la venia incondicional del aparato judicial, destacándose entre ellos la dictadura emprendida por la Fiscalà­a en cabeza de su fiscal general Luis Camilo Osorio, personaje funesto que hoy se encuentra nacional e internacionalmente cuestionado por sus enormes và­nculos con la corrupcià³n estatal y privada, sus nexos con el narcotráfico y con el paramilitarismo colombiano.

Los planes del actual gobierno, la instrumentalizacion del aparato judicial están encaminados a acallar la resistencia civil de miles de ciudadanos colombianos que nos hemos pronunciado contra las polà­ticas de tierra arrasada, del terrorismo estatal, del desplazamiento forzoso, de la inaceptable miseria economico-social, de las miles de detenciones masivas y arbitrarias, de las fumigaciones indiscriminadas, de los planes antinacionales de Norteamà©rica con el ALCA y el TLC, que traerán más ruina de la existente a los millones de campesinos en Colombia, del paramilitarismo y la guerra sucia estatal, y es por esto, por pretender el respeto de nuestra mas mà­nimas garantà­as y derechos como ciudadanos de Colombia y como seres humanos, que el gobierno hoy nos persigue y encarcela en esta nueva fase de penalizacià³n de la protesta social.

En la posicià³n asumida por Fiscalà­a General de la Nacià³n, en relacià³n con nuestro proceso se vio claramente definida cuando ante la peticià³n elevada por la defensa donde aspirábamos a que se resolviera con base en la verdad procesal, que se hiciera una recta aplicacià³n de justicia en atencià³n al material probatorio existente, pese a ello, todo este trabajo y el material aportado por defensor y por nosotros, fue desestimado y apreciado de manera ligera, parcializada y politizada por el señor fiscal al momento de tomar la decisià³n.

De la providencia producida por la Fiscalà­a, se logra establecer un claro propà³sito polà­tico de continuar mantenià©ndonos privados de la libertad al costo que sea aun por encima de la verdad procesal establecida por la actividad de la defensa, que dicha decisià³n se convierte automáticamente en un claro prejuzgamiento y por demás adelantada resolucià³n de acusacià³n, donde ante tal actitud se hacen inocuos los inhumanos esfuerzos para seguir corroborando nuestra inocencia, de igual manera ante la reiterada falta de garantà­as para el ejercicio de la defensa tà©cnica, del irrespeto a nuestras garantà­as constitucionales de la dignidad humana, igualdad, debido proceso, presuncià³n de inocencia, juicio justo e imparcial, contradiccià³n de la prueba, investigacià³n integral e imparcial.

Pobre justicia colombiana, no sà³lo ha perdido sus ojos, ahora en sus labios se quiere hacer florecer la mentira y la calumnia. Su balanza, otrora justiciera, se encuentra fatalmente inclinada al desafuero y al desmán, su espada le ha sido clavada en su propio corazà³n por quienes hoy se levantan sobre su cadáver para atropellar en su nombre a todos los ciudadanos y patriotas por el hecho de exigir el respeto a nuestros derechos y a una vida digna para todos. Me parece ver ahora la mirada lasciva del asesino Robespierre cuando en nombre de la libertad y la democracia hacia rodar ante la guillotina las inocentes cabezas de sus compatriotas. Oh, libertad, ¡cuántos crà­menes se han cometido en tu nombre y se siguen cometiendo!

Es claro que no en pocas ocasiones los entes investigadores colombianos han infringido el sufrimiento de la oprobiosa cárcel a sus conciudadanos sin mayor conviccià³n que las de sus intereses polà­ticos, aun contrariando las normas y derechos que tanto pregonan. Acaso se puede olvidar el patà©tico caso de Hubis Hasbum, lo recientemente ocurrido al dirigente sindical Hernando Hernández, lo ocurrido a los ciudadanos irlandeses que hoy para dicha de ellos y descrà©dito de la Fiscalà­a se convierte en un triunfo aplastante de la verdad contra la injusticia. Miles de personas al igual que nosotros han sido atropellados por la Fiscalia en aras del cumplimiento de sus propà³sitos polà­ticos y de sus absurdos resultados estadà­sticos.

Como quiera que los anteriores argumentos a más de muchos otros establecen en nuestro caso un claro proceso polà­tico ilegal por parte del estado colombiano en nuestra contra, quiero manifestar a ustedes mis amigos, a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

1…º Que renuncio a cualquier forma o medio de defensa tà©cnica y material en esta etapa de la instruccià³n que se surte ante la Fiscalà­a General de la Nacià³n, Unidad de Terrorismo.

2…º Como consecuencia de lo anterior y toda vez que aspiro a que al menos se me respete mi derecho constitucional fundamental de objecion de conciencia, es decir a no ser obligada a actuar contra mi conciencia (Art. 18 C.P), y toda vez que me he visto en la involuntaria necesidad de exigir la renuncia de mi defensor de confianza Dr. Daniel Prado, no aceptarà© ningún tipo de representacià³n judicial, ni pública ni privada, a la espera de que en la etapa de juzgamiento se me brinden las garantà­as que hoy se me niegan.

En mi condicià³n de mujer madre cabeza de familia, de dirigente campesina nacional y regional, de defensora de derechos humanos, de patriota colombiana, les hago este llamado angustioso a fin de obtener de ustedes mis compatriotas y ciudadanos del mundo, la solidaridad y acompañamiento en estos difà­ciles momentos que hoy ensombrecen a Colombia, y por ello les solicito fraternalmente lo siguiente:

Llamamiento urgente

A la comunidad nacional, organizaciones campesinas, indà­genas, sindicales, populares, sociales y defensoras de los derechos humanos; la comunidad internacional, organizaciones sindicales, partidos polà­ticos, Parlamento Europeo, gobiernos demà³cratas, defensores de derechos humanos, Comisià³n Interamericana de Derechos Humanos, Organizacià³n Internacional del Trabajo.

A:

1…º Exigir de manera inmediata, al gobierno nacional, la Fiscalà­a General de la Nacià³n, por medio escrito y ante la reiterada vulneracià³n de las garantà­as procesales y el irrespeto a los derechos fundamentales cometidos en este proceso, el cierre inmediato de la investigacià³n que se adelanta contra los dirigentes de ACA por parte de la Fiscalà­a.

2…º Como consecuencia de lo anterior que el proceso sea remitido al juez competente.

3…º Pronunciarse especà­ficamente sobre la gravedad de la renuncia a la defensa tà©cnica a que se ha visto obligada la dirigente campesina Luz Perly Cà³rdoba Mosquera como producto de la parcializacià³n polà­tica y falta de garantà­as judiciales por parte de la Fiscalà­a colombiana en este montaje proceso.

4…º Reproducir esta denuncia por todos los medios posibles, enviar sendas notas de protesta al gobierno nacional, Fiscalà­a General de la Nacià³n, a la Procuradurà­a General de la Nacià³n, Defensorà­a del Pueblo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entre otros.

Solicitamos especialmente a la comunidad internacional

* Establecer de manera permanente un Tribunal Internacional de Opinià³n que vigile, analice, denuncie de manera urgente los desmanes del rà©gimen uribista y que enjuicie polà­ticamente a los altos funcionarios de la Fiscalà­a y de los organismos de seguridad estatales involucrados en la persecucià³n polà­tica contra la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA), el pueblo de Colombia, sus organizaciones populares y sus dirigentes.

* Organizar comisiones de personalidades, abogados, defensores de derechos humanos, diputados, parlamentarios, periodistas, que realicen de manera inmediata visitas a Colombia a fin de constatar las gravisimas violaciones de los derechos humanos que se vienen cometiendo en el paà­s. Tales comisiones deberán tener entre sus prioridades la visita a las regiones afectadas, la entrevista con las organizaciones perseguidas y la visita a los dirigentes encarcelados.

* Acompañar y vigilar muy de cerca la situacià³n de seguridad y judicial de Luz Perly Cà³rdoba Mosquera, Juan de Jesús Gutià©rrez Ardila y Apolinar Herrera, máxime cuando en esta etapa se han visto obligados a renunciar a la defensa tà©cnica, al igual que la de los demás dirigentes y miembros de la Asociacià³n Campesina de Arauca (ACA).

* Envà­o de sendos comunicados de rechazo, dirigidos a:

Ílvaro Uribe Và©lez
Presidente de la República
Carrera 8 No 7-26 Palacio de Nariño Bogotá-Colombia.
Telà©fono. + 57.1.5629300 Ext.3550 (571) 2843300
Fax (571) 286 74 34 - 2866842- 2842186
Mailto: auribe@presidencia.gov.co

Sabas Pretelt De La Vega
Ministro del Interior y de Justicia
Carrera 8 No 8-09 Bogotá D.C.
Fax: 0057-1-2868025
Mailto: mininterior@myrealbox.com Mailto: ministro@minjusticia.gov.co

Ministro de Defensa
Avenida el Dorado con carrera 52 CAN, Bogotá D.C.
Telex: 4241 INPRE CO; 44561 CFAC CO
TEL Fax: + 57.1.222.1874
E-mail secretaria general: infprotocolo@mindefensa.go.co

Edgardo Josà© Maya Villazà³n
Procuradurà­a General de la Nacià³n
Carrera 5 No 15-80 Bogotá
TEL fax: + 57.1.342.9723, + 57.1.281.7531
E-mail: reygon@procuraduria,gov.co

Luis Camilo Osorio
Fiscal General de la Nacià³n
Diagonal 22 B No 52-01 Bogotá D.C.
Malito: contacto@fiscalia.gov.co
Malito: denuncie@fiscalia.gov.co

Luis Carlos Restrepo
Alto Comisionado para la Paz
Fax: + 57.1.560 99 46

Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para Colombia
Director: Michel Frúhling
Calle 114 No 9-45 Torre B Oficina 1101,
Teleport Business Parrk Bogotá Colombia.
Telà©fono: + 57.1.6293636 Fax: 6293637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co
Sitio Web: www.hchr.org.co
Apartado Aà©reo: 350447

Fraternalmente

Luz Perly Cà³rdoba Mosquera
Presidente de la Asociacià³n Campesina de Arauca
Perseguida polà­tica del rà©gimen
Obligada objetora de conciencia
Premio Danà©s de Paz 2004

Nota: para mayor informacià³n e igualmente para recibir copias de sus pronunciamientos y gestiones favor escribir a: asociacioncampesinadearauca@hotmail.com o tambià©n consultar la pagina www.perlylibre.org